En el año 2014, las organizaciones campesinas e indígenas de la provincia de Santa Fe, con apoyo de la Land Matrix LAC, mostraron a un grupo de diputados y senadores de la provincia de Santa Fe, los efectos sociales y ambientales que generaban las grandes transacciones de tierra en la región. A partir de allí, los camaristas creyeron conveniente legislar a favor de la prohibición de los desalojos a campesinos e indígenas que vivieran en tierras con alguna irregularidad de tenencia.
Desde aquel momento hasta hoy se viene prorrogando en sucesivas oportunidades la ley 13.666, que solamente ejecuta la prohibición por dos años y luego es necesario prorrogarla.
Durante estos 2 años, la comisión de regularización dominial conformada por dicha ley, debe estudiar y resolver los casos de conflictos por la tierra dando solución a sus poseedores. Dicha Comisión de Regularización Dominial a trabajado en el pasado definiendo la situación de algunos lotes. No obstante la cantidad de casos en la provincia es muy grande y queda una enorme tarea por delante.
