Córdoba, Colombia
ina Sánchez, que pertenece al GDTTC (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba), dice que “la manera en que la extracción energética ha afectado a las comunidades de Tierradentro es sobre todo, en las fuentes hídricas. Estas fuentes de toda esta zona se han ido secando, por lo tanto hay una fuerte ola de calor y una sequía grande. En este momento, la extracción de carbón está en unos territorios que nunca antes habían hecho esa acción minera”.
Por su parte, Jemina Chica, gobernadora suplente del Cabildo Indígena, explica: “Muy cerca de mi municipio está una de las empresas de Colombia que es Cerro Matoso. Desde ahí me ha tocado ver cómo han ido poco a poco, dañando los ríos, matado peces, dañado el aire. Desafortunadamente he tenido que ver también, muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonía, respiratorias. Estas multinacionales vienen y extraen lo que necesitan y se lo llevan”.
“Se ha presentado una situación con la empresa Urrá, ya que ellos piensan establecer 400 hectáreas de paneles solares para generar energía y venderla. Ahora, sucede que ellos al implementar esta fotovoltaica van a tener que trasladar a las personas que cosechan ahí a otros territorios”, detalla Yamile Esquivel, habitante de Tierralta.
Por último, Agueda Quiñonez, integrante del Pueblo Zenú, denuncia: “Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones del Ministerio de minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño a la vida, al medioambiente. No nos han hecho consultas previas a nosotros como comunidad indígena”.
El avance de la actividad extractiva sobre los territorios genera un contexto altamente riesgoso para las comunidades, donde mujeres y niños y niñas son los más vulnerables. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales.