Dirigentes rurales del norte santafesino enviaron una carta al Ministerio de Producción de la Provincia para que se cumpla con la ley que impide desalojos a pequeños productores. El panorama es muy complicado entre la sequía y la pandemia por coronavirus.

Hernán Alvarez
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Habitantes de las zonas rurales del norte de nuestra provincia reclaman la extensión de la ley provincial 13.666 que impide los desalojos a pobladores de esta región. Teodoro Suárez, integrante del MoPProFe (Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe), habló con El Litoral sobre esta temática que preocupa a familias del norte santafesino. Suárez vive en una zona rural a 22 kilómetros de la ciudad de Vera, en el departamento homónimo. “Están complicadas todas las economías de la zona. No hay fuentes de trabajo. Venimos con la sequía, con la pérdida de animales. Se complica todo”, aseguró.

La legislación mencionada protege a pequeños productores que viven en el campo. Sobre la 13.666, Suárez afirmó: “No la pusieron en funcionamiento. La ley frena los desalojos. Esa ley tiene que ser reglamentada. En el reglamento, se pone lo que hay que hacer con respecto al tema. Pareciera que se conforman con hacer una ley y no avanzan más. Hace ocho meses que esa ley está parada en el ministerio y no funciona. No hay un llamado a que esto se pueda activar. Más allá de la pandemia, las organizaciones ya vienen trabajando de manera virtual. Tranquilamente ya podríamos haber trabajado virtualmente con respecto a esta ley. No hay movimiento”.

La mesa directiva del MoPProFe le envió el 26 de noviembre pasado una carta al ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Daniel Costamagna. En la misiva, que también recibió el senador por Vera, Osvaldo Sosa, se le pide que la ley mencionada deje de ser letra muerta.

Hubo problemas de familias radicadas en el departamento 9 de Julio que quisieron ser desalojadas de sus lugares de residencia. “Está complicado y es preocupante la situación -dijo Suárez-. Hubo familias en Gato Colorado que tuvieron problemas serios con el tema desalojos con la Guardia Rural, con la Policía hasta casi llegar a los enfrentamientos. En la zona de Romang también. Otro caso más puntual donde está una compañera hace muchos años y le quieren sacar un poco de sus tierras”.

Hasta el momento, la entidad que defiende los integrantes de familias rurales no ha emprendido ninguna acción de protesta, aunque no se descarta que más adelante se pueda concretar. “Queremos que esto se pueda difundir. Acciones a nivel provincial de ir a hacer un acampe o algo así hasta el momento no lo estamos pensando. Sí tendríamos que pedir que nos atiendan y que esto se concrete, y se reglamente la ley”, expresó Teodoro Suárez.

El dirigente aseguró también que la situación en El Nochero (9 de Julio) también es delicada: “Después de una gran inundación (sufrida en enero de 2019) con aguas en las casas, las familias perdieron todo. No se pudo recuperar todavía. Después de una tremenda creciente aparece una seca de repente y no se alcanza a poder restablecer la producción. Encima con los ánimos por el suelo. Esta pandemia nos vuelve a pegar duro, tanto como la seca”. En la zona de Alejandra (San Javier), el panorama tampoco es sencillo.

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